Vaya encrucijada en que se encuentra el ISSSTEP, en el que se medirá su ética institucional.
Y es que un alto funcionario o directivo fue denunciado por acoso laboral y la institución está con oportunidad de demostrar que nadie está por encima de las reglas.
Y es que existe una denuncia formal presentada por un trabajador en contra del director de Desarrollo Estratégico, Antonio Hernández y Genis.
Es señalado por presuntos actos de maltrato, violencia laboral y abuso de autoridad.
De acuerdo con la propia denuncia, esas conductas serían contrarias al Código de Ética y de Conducta del Instituto, así como a los principios previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Corresponderá a las autoridades competentes determinar, mediante la investigación correspondiente, si existen responsabilidades.
El expediente ya fue turnado a las instancias competentes, entre ellas el Comité de Igualdad, el Órgano Interno de Control y la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
Ahora, el debate deja de centrarse en la denuncia y se concentra en la actuación de las instituciones.
Es un verdadero reto para el director general del ISSSTEP, Luis Antonio Godina Herrera.
Su responsabilidad como titular no consiste en prejuzgar ni en condenar a nadie, sino en garantizar que el procedimiento se desarrolle con absoluta independencia, sin interferencias, sin privilegios y sin espacio para que exista la percepción de favoritismo.
La confianza de los trabajadores depende justamente de eso.
Si alguno de los integrantes de los órganos que conocerán del caso mantiene una relación personal o profesional que pueda comprometer la apariencia de imparcialidad, la legislación y las mejores prácticas en materia de ética pública ofrecen mecanismos como la excusa o la abstención.
Aplicarlos fortalece a la institución; ignorarlos la debilita.
Hay que recordar que el gobernador Alejandro Armenta ha reiterado que su administración se rige por la legalidad, la honestidad y la rendición de cuentas.
Por eso el mensaje adquiere sentido cuando las instituciones bajo su gobierno responden con los mismos estándares frente a cualquier denuncia, sin importar el nivel jerárquico del servidor público involucrado.
La peor decisión sería que el expediente se resolviera con opacidad, independientemente del veredicto de la Comisión.
Si se comprueba o no se comprueba, deben aclarar los porqué.
Sino es así se alimentaría la percepción de que existen funcionarios sometidos al escrutinio y otros protegidos por su posición.
El ISSSTEP tiene la oportunidad de enviar el mensaje contundente a sus trabajadores que las investigaciones se realizan con seriedad y que la ética institucional no distingue cargos ni amistades.
Testaremos atentos.
Tiempo al tiempo.
