Cada vez que nace una universidad se habla de edificios, presupuestos, carreras, matrícula y promesas de futuro. Son asuntos importantes, sin duda. Sin embargo, existe una decisión mucho más trascendente que rara vez ocupa los titulares: la elección de quien habrá de conducirla.
Una universidad puede levantarse en pocos meses; una comunidad académica requiere décadas para consolidarse. Los edificios se inauguran con discursos y listones; el prestigio universitario, en cambio, se construye lentamente, generación tras generación, mediante la investigación, la docencia y la producción de conocimiento. En ese proceso, la figura del rectorado resulta decisiva.
La palabra rector proviene del latín rector, “el que guía”, “el que conduce”. No se trata simplemente de un administrador eficiente ni de un representante institucional. Históricamente, el rector ha sido el custodio de la autonomía intelectual de una universidad y el primer garante de su calidad académica.
Desde las universidades medievales de Bolonia, París o Salamanca, los rectores eran elegidos entre quienes habían demostrado una trayectoria sólida dentro del mundo universitario. No porque fueran infalibles, sino porque conocían desde dentro la naturaleza del conocimiento, el funcionamiento de la investigación, la complejidad de la enseñanza y la responsabilidad ética que implica formar profesionales.
Una universidad no produce solamente egresados. Produce pensamiento. Y para dirigir el pensamiento no basta administrar recursos.
Existe una diferencia fundamental entre dirigir una institución cualquiera y conducir una institución dedicada al conocimiento. Mientras la primera puede medirse mediante indicadores financieros o administrativos, la segunda debe responder a preguntas mucho más profundas: ¿qué conocimiento vale la pena producir?, ¿qué tipo de investigadores queremos formar?, ¿cómo se garantiza la libertad académica?, ¿cómo se construye una comunidad científica o artística capaz de dialogar con el mundo?
Responder esas preguntas exige algo más que habilidades administrativas. Exige autoridad intelectual.
La historia demuestra que las universidades que han transformado sociedades fueron encabezadas por personas cuya legitimidad provenía de su trayectoria académica. Investigadores, científicos, humanistas, artistas o profesores que primero construyeron conocimiento y después asumieron responsabilidades de gobierno.
No se trata de acumular títulos por sí mismos. Tampoco de convertir el currículum en un concurso de credenciales. La especialización importa porque representa años de estudio, investigación, discusión entre pares, publicaciones, trabajo docente y experiencia dentro de los procesos universitarios. En otras palabras, representa haber vivido la universidad antes de gobernarla.
Particularmente en instituciones dedicadas a las artes y la cultura, esta exigencia adquiere un peso aún mayor. La formación artística no puede entenderse únicamente desde la lógica administrativa. Requiere comprender los procesos creativos, la investigación estética, el patrimonio, la gestión cultural, la crítica, la producción artística y el diálogo permanente con la comunidad cultural. Gobernar una universidad especializada supone hablar el lenguaje de la disciplina que pretende impulsar.
Cuando los perfiles especializados dejan de ser un criterio para ocupar los más altos cargos universitarios, el mensaje resulta preocupante: pareciera que la experiencia académica es un mérito prescindible y que el conocimiento puede sustituirse por cualquier otra forma de legitimidad. Pero las universidades no existen para premiar trayectorias personales ni para resolver equilibrios políticos. Existen para generar conocimiento y formar generaciones capaces de transformar su realidad.
Por ello, el rectorado representa mucho más que una figura administrativa. Encarna el proyecto intelectual de una institución. Su nombramiento comunica, desde el primer día, cuáles serán las prioridades, qué tipo de excelencia se reconoce y cuál será el horizonte académico que se espera construir.
Quizá por eso las grandes universidades del mundo cuidan tanto sus procesos de designación. Porque saben que el prestigio institucional comienza por la credibilidad de quien ocupa la rectoría.
Al final, una universidad siempre termina pareciéndose a quienes la conducen. Sus prioridades, su nivel de exigencia, su capacidad crítica e incluso su reputación pública reflejan la visión de su liderazgo. Y esa es una responsabilidad demasiado importante para reducirla a un simple nombramiento administrativo. Las universidades nacen por decreto. La autoridad académica, en cambio, no se decreta: se construye. Y cuando esa diferencia se comprende, la educación superior deja de ser un proyecto de gobierno para convertirse, verdaderamente, en un proyecto de futuro.
Ana Martha Hernández Castillo
Historiadora del arte y doctora en estudios históricos. Docente e investigadora de temas culturales y artísticos de la ciudad de Puebla. Gestora de proyectos culturales en el ámbito público y privado