La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla está en la mira por un escándalo de corrupción.
Ocho carpetas de investigación abiertas contra funcionarios, infiltración de grupos criminales y políticos que aprovecharon sus puestos para defender intereses oscuros.
La investigación no es casualidad ni un simple trámite burocrático.
La titular de la Fiscalía, Idamis Pastor Betancourt, reconoció tácitamente que hay una depuración en marcha.
Al parecer será una limpia profunda que ya provocó renuncias, destituciones y un claro mensaje para quienes aún creen que pueden operar impunemente.
La Fiscalía debe dejar de ser rehén de la corrupción y convertirse en garante de justicia.
Es tan grave la infiltración de grupos criminales y políticos en la Fiscalía, que la fiscal Idamis Pastor Betancourt detectó desde que asumió hace seis meses, que es la punta del iceberg de un problema profundo.
Pastor Betancourt no pudo precisar desde cuándo operaban estas redes corruptas dentro de la Fiscalía, pero sí dejó claro que la depuración está en marcha y que más de 15 servidores públicos ya renunciaron.
Aunque no se han detallado delitos ni jerarquías específicas, este sigilo puede ser parte de una estrategia para no entorpecer las investigaciones, pero no debe servir para ocultar ni diluir responsabilidades.
Pero no es solo la Fiscalía.
En el Instituto Registral y Catastral, así como en el Registro Civil de Teziutlán, se descubrió una red de corrupción con 471 expedientes abiertos contra servidores públicos.
El secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, ha iniciado el combate.
Según la Secretaría de la Función Pública, el delito de corrupción incluye cuando un servidor público exige pagos indebidos, multas arbitrarias o beneficios ilegales a particulares.
Las penas van de meses a años de cárcel y multas, lo que hace urgente que estas investigaciones se traduzcan en sanciones ejemplares.
La Fiscalía y el gobierno de Puebla están enviando una señal clara: van en serio contra la corrupción y se viene una limpia fuerte.
Solo con transparencia, sanciones y voluntad política se podrá recuperar el tejido social y construir un estado donde la ley se respete y se cumpla.
Pero abrir carpetas de investigación no es sinónimo de justicia.
Cada expediente es apenas el inicio de un largo proceso para demostrar responsabilidades.
El gobernador Armenta Mier no ha ocultado su postura: esta depuración genera molestias, pero es necesaria para acabar con quienes vivían al amparo de la corrupción en varias dependencias.
Tiempo al tiempo.
