El caso de Marilyn N., la abogada que se hizo pasar por psiquiatra en, es una gran llamada de atención. Más allá de las imágenes alteradas halladas en sus redes sociales y las ficciones creadas a su alrededor que la hicieron “viral” en el más descarado sentido caricaturesco, resulta más que necesario destacar la importancia de establecer mejores mecanismos de vigilancia para garantizar una atención psicológica y psiquiátrica de calidad, pues sigue siendo esencial en un país y en una época en que la salud mental debe ser prioritaria.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo con cifras de 2023, estima que 3.8% de la población sufre depresión, es decir, un aproximado de 280 millones de personas. Mientras que ubica al suicidio como la cuarta causa de muerte en entre personas de 15 a 29 años, con 700 000 mil víctimas al año.
Mientras, en México, 3.6 millones de adultos presentan depresión, según un estudio realizado en 2021 por los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) de la Secretaría de Salud. En cuanto a suicidios, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que, en 2023, se registraron 8 mil 837 casos.
Por otro lado, el Observatorio Mexicano de Salud mental y Adicciones, el pasado 10 de octubre, en el marco el Día Mundial de la Salud Mental, informó que el Sistema de Salud atendió 303 mil 356 personas, por distintas condiciones de salud mental, aunque, las más prevalentes fueron la ansiedad, con un porcentaje de 52.8%, y la depresión con 25.1%, según el documento “Una mirada a la atención en salud mental en México: principales condiciones atendidas en el Sistema de Salud”.
Tras el afamado escándalo de la presunta doctora, legisladores del Congreso del Estado anunciaron diversas iniciativas que, lejos del éxtasis mediático, resultan acertadas en la misión de prevenir que más personas en busca de este tipo de asistencia reciban un diagnóstico erróneo o sean irresponsablemente medicadas.
La primera respuesta vino por parte de la diputada Graciela Palomares, quien propuso explícitamente la llamada “Ley Marilyn Cote”, con la que se busca fortalecer el marco legal para asegurar que, quienes ejerzan como profesionales sin los títulos correspondientes, sean sancionados con penas de 2 a 6 años de prisión: “Las personas que acuden a un médico, un abogado, o a cualquier otro profesional, lo hacen confiando en que recibirán atención de calidad, basada en el conocimiento y experiencia”, dijo, pues se pone en riesgo la vida y el bienestar de los más vulnerables.
Hace eco también la iniciativa de Ley de Profesiones para el estado de Puebla presentada por el entonces aún legislador por Puebla, José Luis García Parra, con la finalidad de establecer las profesiones que requieren título para su ejercicio y consolidar un registro profesional en el estado para “regular, dignificar y elevar el ejercicio profesional en Puebla”, ya que es la única entidad que carece de la legislación específica en esta materia.
Como sea, Mariyn N. quien había instalado un consultorio en las Torres Médicas de Angelópolis, ya ha sido vinculada a proceso por “usurpación de profesión” y suman 11 denuncias en su contra, según el último reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.
Ahora, quedará pendiente dar el debido seguimiento a las iniciativas planteadas en la presente legislatura, así como las que estén por venir al respecto y sean de utilidad, sin embargo, aún hay deudas grandes, en específico sobre salud mental, como procurar una atención pronta, eficaz y profesional desde las unidades de salud del sector público, precisamente para quienes no pueden costear servicios particulares, y establecer mejores opciones de respuesta como líneas para la prevención del suicidio. Las cifras así lo requieren.
Asimismo, es preciso reiterar que lo ocurrido con Marilyn N. no debe desincentivar la búsqueda de apoyo oportuno por parte de profesionales acreditados. Esto no puede ser, de ninguna manera, un retroceso para el terreno ganado en la atención de estos padecimientos, en donde hemos logrado avanzar de aquella lamentable representación de la “locura” de las telenovelas, al campo de lo concreto como una verdadera preocupación de salud pública.
