En medio de años marcados por rezago y politización del agua en Puebla, el balance reciente de Agua de Puebla muestra ya algunos avances.
Sobre que ya llega servicio a colonias donde antes era intermitente o simplemente inexistente.
Sin embargo, el otro lado de la historia sigue pesando.
El SOAPAP arrastra pendientes millonarios heredados de gestiones anteriores, particularmente de la etapa de Gustavo Gaytán, donde decisiones administrativas y financieras comprometieron la viabilidad del sistema.
Se habla de cifras millonarias que no ajustan, inclusive podrían llegar a los 600 millones de pesos.
Gaytán debió comparecer en lugar de Josefina Morales, pero por ley tuvo que ser la nueva directora.
Sin embargo, es probable que el extitular comparezca, pero ante otro tipo de autoridades.
Todo lo definirá la auditoria.
Tiempo al tiempo.
Poder y la ley, el reto en Puebla
En Puebla, la justicia ha dejado muchos casos irregularidades y ha sido utilizada como un garrote político.
Una de estas historias ejemplo del ejercicio del poder fue la del juez Enrique Romero Razo.
Su caso exhibe, cómo el poder político fue capaz de doblar —o intentar doblar— al Poder Judicial.
Su nombre surgió por resistencia.
En tiempos del finado exgobernador Rafael Moreno Valle, la línea oficial se imponía sin demasiados obstáculos.
Romero Razo optó por no alinearse.
La consecuencia fue inmediata: un proceso de persecución por más de seis años, acompañado de presiones, señalamientos y episodios que rebasaron lo institucional.
No fue el único, pero sí uno de los pocos que llevó la disputa hasta el final.
Su caso escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se ordenó su restitución, cerrando un capítulo que dejó descubierta la fragilidad de la autonomía judicial.
Posteriormente Romero Razo se sumó al proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador, donde continuó impulsando cambios estructurales dentro del sistema judicial.
Incluso fue el primer integrante del Poder Judicial en Puebla que expresó públicamente su respaldo a la reforma constitucional en materia judicial, a través de un desplegado publicado en la prensa nacional.
Lo que le ocurrió no puede entenderse aislado.
Formó parte de una etapa en la que el Ejecutivo estatal concentró el control de los otros poderes, reduciendo al Congreso y al Tribunal Superior de Justicia a roles subordinados.
Pero también hay que decirlo, Moreno Valle no fue el único mandatario en utilizar el garrote.
Las designaciones, las decisiones y hasta las sanciones respondían a una lógica política, no jurídica.
En ese contexto, resistir tenía costo.
Más allá de nombres, el episodio deja una lección de fondo: la independencia judicial en Puebla no ha sido una condición garantizada, sino una disputa constante.
Con la puerta abierta a que jueces y magistrados sean electos por voto ciudadano, el escenario cambia.
Aún el panorama es complicado, pero ya existe un avance en el cambio.
Lo que viene exige ciudadanos informados, capaces de distinguir entre perfiles, trayectorias y conscientes de lo que está en juego.
Todo un reto.
