En escándalo Accendo huele peor de lo que parece, a podrido.
La institución devoró más de 604 millones de pesos del erario y dejó al descubierto que el barbosismo no manejaba finanzas, sino jugaba con el dinero público como si fuera propio.
Pero lo que falta es la verdad, lo que no aparece, las respuestas a muchas preguntas.
Ahí surge la primera de ellas ¿a dónde se fueron esos millones?
Pero lo que más quema en la duda no es la cantidad exorbitante de recursos, sino las multas millonarias impuestas a los presuntos responsables y las preguntas que nadie contesta.
Ahora, María Teresa Castro Corro, tiene 20 años de inhabilitación y multa por 362.9 millones de pesos.
Le sigue, José Enrique Girón Zenil, con 15 años inhabilitado y una sanción por 241.9 millones de pesos.
¿Tienen con qué pagar estas cifras o terminarán en prisión por incumplimiento?
¿Alguien sabe dónde se localizan ambos?
Las sanciones son enormes, pero faltan señales de que alguien vaya a responder por ellas.
Que las transferencias se hicieran después de que el banco estaba a punto de la quiebra obliga a otra interrogante, ¿negligencia, imprudencia, complicidad o transa?
Las fechas no mienten.
Junio de 2021, transferencias volando.
Septiembre de 2021, banco quebrado.
Decisiones de alto riesgo, firmadas con total impunidad, mientras el discurso del “impoluto” servía de pantalla.
Más preguntas.
¿Los problemas de salud de Barbosa abrieron un vacío de supervisión?
¿Se aprovecharon de ello?
Las irregularidades se movieron sin control es un hecho, y todavía María Teresa, no solo se defendió, sino se ofendió en el Congreso cuando se le cuestionó en su comparecencia.
Y mientras todo el escándalo crece, Rosario Orozco, viuda del gobernador y hoy diputada, guarda un silencio absoluto.
¿Mutis calculado?
La omisión también dice algo.
Ahora, no es menor la pregunta sobre la vía penal.
La Fiscalía General de Puebla investiga a más funcionarios, pero la cárcel sigue siendo promesa y no certeza.
Multas y sanciones están dictadas, pero si no tienen con qué pagar, ¿terminarán los exfuncionarios en prisión?
¿O será otra historia donde la ley se queda en el papel mientras los bolsillos vacíos se burlan de la justicia?
Accendo no es un escándalo cualquiera.
Es la evidencia de un gobierno que presumía orden y disciplina mientras apostaba con dinero público en un banco quebrado.
Mientras no se paguen esas multas o no haya consecuencias penales, las preguntas sin responder seguirán flotando como humo en los pasillos del poder.
¿Quién paga?
¿Quién entra en prisión si corresponde?
¿Quién se beneficia del silencio?
El olor de cloaca seguirá colgando del barbosismo y las sanciones seguirán siendo letra muerta, si no llegan las respuestas.
El que inició la investigación fue el gobierno de Sergio Salomón y ahora se está respaldando por el de Alejandro Armenta, dando el gran paso.
Un buen mensaje contra la corrupción.
Y volvemos a la primera pregunta, por eso ahora es solo es seguir la ruta del dinero, porque no se esfuma como por arte de magia.
Tiempo al tiempo.
