La publicación del Reglamento Interior del nuevo órgano “Transparencia para Puebla y sus Municipios” abre oficialmente un nuevo capítulo en el derecho de acceso a la información en el estado.
Y sí, va más allá del debate sobre la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE).
Lo que ahora importa es cómo operará este nuevo esquema.
Lo que viene es lo que cuenta, ya no hay vuelta atrás.
El ITAIPUE pasó a ser historia, con todas sus siglas, sesiones públicas vacías y resoluciones que pocas veces trascendían.
Porque hay que decirlo con claridad: el instituto autónomo dejó de funcionar como se esperaba.
Era un órgano que en el papel lucía bien —autónomo, colegiado, con comisionados elegidos por el Congreso— pero en la práctica, su efectividad se diluía entre omisiones, simulación y burocracia.
A lo largo de su historia desde que era Comisión (CAIP) hubo muchas excepciones y épocas donde sí se luchó por la transparencia, pero a diferencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), en sus últimos años el balance general fue a la baja y se convirtió en una institución que no terminó de servir a los ciudadanos como garante real del derecho a saber.
Ahora, la pelota está en la cancha del Ejecutivo.
El nuevo órgano, adscrito a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, promete una estructura técnica, operativa y municipalista.
Suena bien.
Tiene direcciones, subdirecciones, reglamento robusto y facultades para sancionar.
También, según el papel, está diseñado para coordinarse con los municipios y cubrir todo el estado.
Hay mucha expectativa.
Aunque se elimine la figura “autónoma”, lo que importa es que realmente funcione, que haya resoluciones, sanciones, vigilancia y sobre todo, resultados.
Habrá un detalle o clave fundamental que es el nombramiento de su titular.
Con el nombre se va a notar, desde el inicio, si se quiere que este nuevo ente trabaje con seriedad.
El gobernador Alejandro Armenta tiene la atribución directa de designarlo y la responsabilidad de enviar una señal de la transparencia de verdad, con alguien con perfil técnico, experiencia, independencia de criterio y con capacidad de decir que no cuando sea necesario.
Este nuevo órgano tiene margen para hacer las cosas bien.
Lo tiene todo en sus manos: estructura legal, plataforma nacional, facultades sancionadoras y acceso a la información de sujetos obligados que manejan dinero público.
Lo que no puede hacer es repetir vicios del pasado, ni complicidades, ni cajas cerradas, ni oficios que duermen en archiveros.
Ahora a la sociedad lo que le toca es observar, exigir y documentar.
¿Funcionará ahora sí?
¿Habrá dientes o solo garras burocráticas?
Las respuestas llegarán.
Tiempo al tiempo.
