El próximo 5 de noviembre será una fecha clave para Xoxtla.
Ese día se llevará a cabo la audiencia definitiva contra Renato Romero y Pascual Bermúdez, señalados por delitos de atentado contra las vías de comunicación, daño en propiedad ajena y los que resulten.
La acusación no es menor.
Caminos y Puentes Federales (Capufe) los responsabiliza del bloqueo a la autopista México-Puebla y la empresa constructora VYCA les imputa daños ocasionados durante los disturbios del 28 de mayo.
La narrativa de estos personajes siempre se ha sostenido en la bandera del agua, pero en los hechos el discurso ambientalista ha sido más un pretexto de confrontación y negocio personal que una causa legítima.
Le cuento.
Los habitantes de Xoxtla lo saben bien, el “comité del agua” que encabezan cobra cuotas, nunca rinde cuentas y mantiene un sistema paralelo sin transparencia ni inversión en infraestructura.
Los antecedentes no se pueden soslayar.
Romero ya arrastra un historial de enfrentamientos.
En las protestas contra Granjas Carroll utilizó la misma receta: bloqueos, manipulación mediática y victimización para consolidarse como “líder social”.
Bermúdez, por su parte, ha seguido la misma ruta, disfrazar acciones vandálicas de lucha comunitaria.
La protesta del pasado 28 de mayo fue un punto de quiebre.
No solo dejó daños materiales cuantiosos y cientos de automovilistas varados, sino también mostró que los dos dirigentes ya no tienen respaldo real en Xoxtla.
Sino es así, para qué llenar sus filas importando grupos de choque de Morelos, Veracruz y el Estado de México.
La práctica desnuda la fragilidad de su liderazgo local.
A ello se sumó la presencia de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, con su conocido historial violento, como la reciente quema de camiones de RUTA en Teteles.
Asi se confirma que no se trata de expresiones espontáneas de inconformidad, sino de movilizaciones orquestadas con fines políticos y económicos oscuros.
Mientras tanto, las autoridades han sido claras, al asegurar que las inversiones en infraestructura hídrica en Xoxtla cuentan con la aprobación de SOAPAP y están alineadas al Plan Hídrico Nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con respaldo del gobierno estatal y municipal.
La apuesta es garantizar agua potable para las familias y sentar bases de largo plazo frente a un problema de escasez que no admite demagogias.
Pero con cada bloqueo, cada sabotaje y cada ataque contra la infraestructura no solo retrasa obras, sino condena a los poblanos a enfrentar un desabasto mayor en el futuro.
El 5 de noviembre, el juez federal Jorge Ramírez tendrá en sus manos la decisión de avanzar hacia imputaciones firmes.
En el fondo, la pregunta es simple, ¿defienden el agua o defienden su negocio?
Actúan más como agitadores que como activistas, es claro.
Tiempo al tiempo.
