¿Se imagina tener un negocio que, cada mes, le deje entre 500 mil y 750 mil pesos limpios, sin necesidad de vender nada, sin pagar sueldos, sin entregar cuentas y sin que nadie le exija resultados?
Pues ese negocio existe.
Se llama Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, mejor conocido como el de burócratas.
El cálculo es sencillo.
Si a cada trabajador le descuentan entre 100 y 150 pesos mensuales —dependiendo de si está en categoría E, I, M o R— y el padrón ronda más de 3,600 sindicalizados, hablamos de ingresos que rebasan el medio millón de pesos al mes, solo por concepto de cuotas.
Algunos delegados incluso afinan más la cifra: 119.40 pesos en categoría I, 90 pesos en categorías bajas, 100 o más en la R.
Con eso, los números cuadran sin esfuerzo.
Pero aquí viene la parte más sabrosa.
Desde que Jhovany Oliver Gallo, el famoso “inquilino de Maravillas”, tomó posesión hace casi dos años, no se ha entregado un solo reporte financiero.
Ninguno.
Ni un corte mensual, ni un balance general, ni una hoja suelta que explique en qué se ejercen esos recursos.
Y peor aún.
Ni los sueldos del sindicato pagan, porque todos los comisionados cobran directamente del Gobierno del Estado.
Entonces, la pregunta es obligada, ¿en qué gastan tanto dinero?
Los delegados llevan meses exigiendo cuentas.
En reuniones de Tehuacán y Atlixco, la molestia fue evidente.
Este año no hubo apoyos del Día del Niño, ni del Padre, ni de la Madre para compañeros foráneos.
Y eso que el sindicato, según la información interna, recibió más de 11 millones de pesos en dos años, además de que quedaron 400 mil pesos resguardados en el Tribunal de Arbitraje desde la gestión anterior.
Pero todo eso parece no importarle al líder sindical.
A Jhovany lo que le urge hoy es imponer a sus “gallos” en la sucesión de la dirigencia.
Porque, claro, no se trata solo de seguir manejando el negocio, se trata también de tapar lo que haya que tapar.
Quien controle el sindicato controlará también la historia… o el silencio.
No hay que olvidar un detalle clave.
El actual secretario general estaba despedido de Movilidad y Transportes cuando recibió la toma de nota.
Lo reinstalaron bajo el gobierno de Sergio Salomón, en una decisión que incluso generó reclamos públicos.
Basta recordar aquella escena en el Centro Expositor, cuando Martha Rodríguez le recordó al mandatario —frente a testigos— que les debía las revisiones salariales de 2021, 2022 y 2023.
Nada más.
Entre presiones y enojo creciente, finalmente se permitió el registro de planillas para la renovación del sindicato.
La cerrazón no surtió efecto esta vez.
Ahora, todos están atentos a que el comité electoral apruebe oficialmente las planillas que competirán.
La sucesión tendrá nombre y apellido.
¿Y también olor a auditoría pendiente?
Tiempo al tiempo.
