El video no es anecdótico, es un aviso.
El regaño público del gobernador Alejandro Armenta al alcalde de Xicotepec, Carlos Barragan Amador, no fue una escena incómoda, fue una señal de intolerancia a la corrupción.
La controversia gira en torno a 450 metros de pavimento que costaron 4.5 millones de pesos, cifra que el mandatario calificó como excesiva y que lo llevó a sugerir la posible existencia de “moches” o irregularidades en la asignación del proyecto.
La cuenta es simple y demoledora.
Cada metro de esa calle costó 10 mil pesos.
Un tramo de 10 metros salió en 100 mil pesos.
Una cuadra de 100 metros, en un millón.
Con esas cifras, el cuestionamiento dejó de ser político para convertirse en una obligación.
Lo que parecía una obra menor terminó exhibiendo un problema mayor: el manejo opaco del dinero municipal.
Y no es un hecho aislado.
Basta ver el caso de Ciudad Serdán, donde un inmueble localizado en Tlachichuca detonó una nueva imputación por enriquecimiento ilícito contra el exalcalde Uruviel González Vieyra.
Una denuncia anónima abrió la puerta a una investigación que hoy mantiene al exedil bajo proceso penal.
Dos municipios distintos, la misma sombra, ¿pero en distinto tiempo?
Obras, propiedades y cuentas que no cuadran.
Ahí es donde la autonomía municipal deja de ser argumento y se convierte en coartada.
Los alcaldes no son subordinados del gobernador, pero tampoco son dueños de los presupuestos.
Administran recursos que pertenecen a la gente.
Y cuando una calle cuesta lo que no cuesta o cuando un patrimonio crece sin explicación, no estamos ante errores administrativos, sino ante señales claras de un modelo de gobierno que normalizó el exceso.
El problema no es que Armenta haya “jalado las riendas”, sino que haya tenido que hacerlo.
Porque cada obra inflada es una clínica que no se construyó, una patrulla que no se compró, una escuela que se quedó en maqueta.
Cada peso que se pierde en sobrecostos se traduce en carencias reales.
La reacción del alcalde de Xicotepec —visiblemente molesto, retador— no es nueva.
Es la respuesta típica de quien se siente tocado no por una acusación, sino por una revisión.
Pero gobernar implica ser auditado, cuestionado y, si es necesario, exhibido.
La rendición de cuentas no es una humillación, es una obligación.
Cierto, el gobernador no es jefe de los alcaldes, pero sí es responsable político del orden administrativo del estado.
Y cuando detecta humo, está obligado a buscar el fuego.
Hoy es Xicotepec.
Ayer fue Serdán.
Mañana puede ser cualquier municipio.
Tiempo al tiempo.
El movimiento
La salida del doctor Joaquín Espidio de la Secretaría general del ayuntamiento de Puebla, generó como siempre muchas especulaciones.
Lo más lógico es que se integrará al equipo del gobernador Alejandro Armenta, al ser un personaje cercano al mandatario estatal desde hace tiempo.
Lo que si se descarta es una llegada a la Secretaría de Salud estatal, como se afirmó en el deporte de la rumorología.
Las piezas se mueven, no cabe duda que ya huele al 27, como le adelanté.
Tiempo al tiempo.
